Para un fotógrafo, modesto o no, profesional o aficionado, artista o comercial; los derechos que se derivan de su trabajo son claros y son generados por la utilización de la imagen creada.
Ahora bien, ¿el fotógrafo también está sujeto a los derechos particulares de aquello que fotografía? Seguramente es así, pues actualmente ya se pagan cánones sobre los derechos intelectuales en los soportes electrónicos así como en el aparato que graba la información; ya sea de forma privada y personal o por parte de una empresa. Es decir, pagamos por usar una información que generamos nosotros mismos.
De este modo, la administración ya me concede, nos concede, naturaleza subversiva y manilarga, y pone la venda antes que la herida. ¿Debería pagar un canon sobre la servilleta en la que estoy escribiendo? ¿Quizá mi bolígrafo publicitario ha pagado su derecho a escribir?
Estas dudas me asaltan. ¿Estaré acaso mermando los derechos legales de algún pobre dirigente de la industria? Es este afán contracultural mío una herramienta del mal, destinada a privar al presidente de Sony o Virgin de volar en su jet privado. ¡Oh dioses! Cuánta maldad.
También pienso, quizá esté equivocado, a lo mejor la cultura no surge del pueblo, es posible que haya que pagar a la élite intelectual para que nos done algo de su sabiduría.
No debe entenderse que estoy en contra de los legítimos derechos comerciales de los autores, como no deben confundirse estos derechos comerciales con la cultura. Creo que la Cultura es otra cosa más allá de los intereses empresariales de unos cuantos distribuidores de películas y discos, temerosos de un mercado que se les escapa por sus propias tendencias suicidas.
En la lógica liberal los intentos de regular la protección de los derechos de autor son perfectamente justificables y de hecho lo son si se contempla, como digo, desde una lógica liberal en la que predomina el interés particular sobre el general; ahora bien, por curioso que parezca en esto coinciden en todo el espectro político, unos y otros, diferenciados en su idea de intervención del estado en la sociedad, están de acuerdo en los principios de intervención sobre la difusión de la cultura: se trata, en realidad, de limitar los derechos de la sociedad en su conjunto, los derechos del lector, los derechos del público, a riesgo de incrementar las desigualdades de acceso al conocimiento.
Ignoro las consecuencias que tendría el proyecto de cobrar a las bibliotecas públicas por los libros que contienen y por cada vez que sean prestados a un lector, ignoro si será el lector o la biblioteca quien pague esos derechos. Pero creo que no serán buenas y no hace más que reforzar la idea de que, bajo la confusión de los proyectos, se esconde una clara orientación encaminada a incrementar la mercantilización de la cultura. Una orientación opuesta a los intereses globales de la sociedad.
Tampoco pretendo criminalizar a las instituciones encargadas del cobro de estos derechos, únicamente cumplen con su cometido que no es otro que la salvaguarda de los intereses de sus asociados. Pero los cálculos económicos de los grandes accionistas de la cultura, para quienes los «derechos» se confunden con las carteras de los «derechos de copia» (copyright), no alcanzan a contemplar la posibilidad de una sociedad que haya perdido ese equilibrio y el riesgo de un empobrecimiento cultural y científico a medio plazo, y desde las instituciones del estado se propician estrategias proteccionistas y recaudatorias bajo el mantra de la protección de la cultura, pero que en realidad patrocinan a una industria incapaz de mantenerse a si misma (un ejemplo claro son las políticas de protección del cine español).
Creo que la difusión cultural es un fenómeno social y no se debe manipular en función de las novedades técnicas, sino conforme la propia sociedad demanda el acceso al conocimiento y al propio devenir socio cultural.
La técnica cambia y permite que la circulación de las obras sea más rápida y de algún modo democratiza los accesos a los dispositivos de lectura gracias a la bajada de los precios y a la disponibilidad que de ellos se tiene en los espacios públicos (colegios, bibliotecas…). No obstante, esas mismas tecnologías permiten igualmente un seguimiento más preciso de los usos que se hacen de las obras y de los hábitos culturales de las personas, lo que no deja de ser un peligro para las libertades individuales ¿qué se pretende cuando se desea «proteger los derechos de autor y la cultura»? ¿Favorecer la difusión cultural encontrando nuevos y diversos modos de financiar la creación, o bien transformar los bienes culturales en unas mercancías cuyo pago estaría vinculado a cada acto de lectura, según el modelo del pago por visión?
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La cultura se ha convertido en un acontecimiento, en un acto para la evasión de una sociedad, hoy en día, de masas. La masa aunque no pueda cuantificarse sí emplea su dinero, lo gasta y, por tanto, es dirigida hacia el consumo de un acontecimiento llamado. Cuando la cultura es una apropiación personal no se considera rentable y, creo, que hasta se considera peligrosa porque a través de ella el sujeto procura su libertad, su emancipación. En definitiva, se está intentando eliminar el placer del aprendizaje e imponiendo el éxtasis del divertimento a cualquier precio.
Posted by Olga on septiembre 11th, 2009.
Acceso a la cultura y protección de los derechos de propiedad intelectual. Sobre el particular, resultan interesantes las consideraciones de este manifiesto por la cultura libre: http://culturalibre.org/
También me han parecido de interés ciertas reflexiones de Carlos Sánchez Almeida, incluídas en una conferencia pronunciada el pasado 12 de Marzo de 2009 en La Casa Encendida de Madrid, “Resistencia digital y derechos humanos”: http://culturalibre.org/capitulo-2/resistencia-digital-y-derechos-humanos-4.html
Sin suscribir al cien por cien el manifiesto y lo que dice Sánchez Almeida, pongo estos textos encima de la mesa, trayéndolos a CARMINA para generar o avivar un posible debate sobre el asunto en este foro.
Posted by E.M.F. on septiembre 11th, 2009.